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Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil y Criminal

La reforma del Enjuiciamiento Civil obliga a que los Juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016. Se pretende la implantación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes trámites y procesos judiciales.

Consecuentemente, las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se han de realizar de manera exclusiva a través de medios informáticos a partir del próximo año y en todos los órdenes jurisdiccionales.

Además, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. Las notificaciones serán enviadas de forma telemática y se podrá comunicar mediante SMS-servicio de mensajes cortos- al teléfono móvil de la persona interesada informándole de la notificación.

Uno de los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la modificación del término “imputado” por el de “investigado” en una primera fase y “encausado”, si se mantiene la acusación. Asimismo se impone a los jueces nuevos plazos para instruir, siendo de 6 meses para causas sencillas y de 18 en complejas, pudiéndose ampliar a 36.

También regula la protección de la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales" y evitar lo que se ha dado en llamar 'pena de Telediario' y aclarar que no prohíbe, en ningún caso, la grabación y difusión de imágenes de los detenidos.

Asimismo se obliga a los jueces a justificar los autos de incomunicación de detenidos. En ningún caso podrá aplicarse a menores de 16 años y los detenidos deberán ser sometidos a reconocimiento médico cada 24 horas.

El texto introduce la figura del agente encubierto en Internet, que podrá emplear identidad falsa. Se amplía la interceptación de comunicaciones que afectará ahora a servicios como WhatsApp, SMS y escuchas ambientales.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal crea una segunda instancia penal que permitirá a los tribunales superiores de Justicia revisar sentencias dictadas por las audiencias provinciales y dota a la Audiencia Nacional de una Sala de Apelación que se ocupará de las dictadas por este tribunal.

Revista jurídica y financiera Ref.705655 (13/10/2015)
 

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