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El arbitraje estatutario

El arbitraje estatutario se halla reconocido en nuestro ordenamiento mediante los artículos 11 bis y 11 ter de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Referencias al arbitraje estatutario también pueden encontrarse en el Reglamento del Registro Mercantil, y concretamente en sus artículos 114 y 175, así como también en el artículo 18 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales.

El artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje, dispone:

Artículo 11 bis. Arbitraje estatutario.

  1. Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen.

  2. La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social.

  3. Los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral.

Nace del principio de autonomía de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil) con su concreción societaria en el actual artículo 26 del RD 1/2010, de la voluntad de las partes de someter un asunto presente o futuro controvertido a arbitraje, entendido como forma alternativa a la vía jurisdiccional, siempre que se trate de una controversia sobre materias de libre disposición.

Jurisprudencialmente se han fijado algunas materias que, por afectar al orden público, no son susceptibles de arbitraje: la sucesión hereditaria, la filiación, las marcas, entre otras.

En principio, no quedan excluidas del arbitraje y, por tanto, del convenio arbitral, la nulidad de la Junta de Accionistas ni la impugnación de acuerdos sociales; sin perjuicio de que si algún extremo está fuera del poder de disposición de las partes no puedan los árbitros pronunciarse sobre el mismo.

El pacto arbitral constituye la primera pieza del arbitraje y puede definirse, siguiendo la doctrina más autorizada, como aquel acuerdo en el que se expresa la voluntad inequívoca de someter a arbitraje la solución de todas o algunas cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, en materias de libre disposición.

Tal cláusula vincula no sólo a los socios, presentes y futuros, sino también a los administradores, aunque no sean socios, porque el administrador debe conocer, cumplir y hacer cumplir los estatutos. Y en el momento de aceptar el cargo, asume los estatutos como conjunto normativo que regula la vida de la sociedad, de la que él es un órgano: sirva de ejemplo que en los mismos estatutos se regula la duración de su cargo, si es o no retribuido o, tal vez, las garantías que deberá prestar para aceptarlo.

El convenio arbitral debe determinar cuáles sean las relaciones jurídicas, concretas y definidas, que las partes someten a arbitraje. En modo alguno cabe, por nula, una cláusula arbitral que se refiera genéricamente a "cuestiones litigiosas" sin más concreción.

Los socios, por sí y por la sociedad que constituyen, hacen constar su compromiso de cumplir el laudo que se dicte.

Revista jurídica y financiera Ref.708700 (30/11/2015)
 

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