<h2>PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA <h2>
Se trata de un conjunto de medidas, tendente a favorecer la inmigración
legal y erradicar aquella que utiliza procedimientos fraudulentos para
entrar en España. Básicamente el anteproyecto pone el
acento en :
Se quieren suprimir trámites innecesarios y se otorgaría
al visado un valor adicional al habilitar a su titular a permanecer
en España en la situación para la que ha sido expedido,
es decir, como permiso de trabajo y/o de residencia.
Se prevé la renovación en el padrón municipal
cada dos años para evitar fraudes.
Se tipificaría como muy grave las actuaciones individuales
para favorecer la inmigración ilegal.
Los aeropuertos son las principal vía de entrada de inmigrantes,
por ello se quiere regular la obligación de las compañías
de transporte de informar a las autoridades españolas de las
personas que vayan a viajar a España antes de su partida desde
su país de origen. También tendrían que hacerlo
sobre aquellos pasajeros que no abandonen el territorio español
en la fecha prevista en su billete de vuelta, así como de hacerse
cargo de aquellos pasajeros que, encontrándose en tránsito,
no hubieran sido aceptados en el país de destino. Para ello
se preverían sanciones de hasta 60.000 euros para las aerolíneas
que no colaboren.
En el proyecto, además, se transponen las Directivas aprobadas
en materia de inmigración que afectan, fundamentalmente, a la
unificación de las cuantías de las sanciones y de las
obligaciones de los transportistas. Igualmente, se adaptará a
la legislación española la Directiva europea relativa
al reconocimiento mutuo de las resoluciones de expulsión entre
los Estados miembros de la Unión Europea. Se pretende que cuando
un inmigrante tenga una resolución de expulsión en cualquier
país de la Unión Europea y sea detenido por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad en otro Estado miembro, podría ser inmediatamente
expulsado sin que se tenga que incoar un nuevo expediente de expulsión,
con la posibilidad, además, de que el juez podría acordar
su ingreso en un Centro de Internamiento para garantizar dicha expulsión.
Se clarifican los requisitos de reagrupación asegurando el núcleo
familiar básico sobre ascendientes y descendientes. Se pretende
acabar con las reagrupaciones fraudulentas en cadena.
Julio 2003