Proceso de normalizacion: medidas tras su finalizacion
1. Introducción
Finalizado el plazo para la normalización de extranjeros, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales pondrá en marcha una campaña para
verificar que se dé de alta a los inmigrantes en la Seguridad Social y
que se cumpla con el compromiso adquirido, aplicando, en caso contrario, severas
sanciones.
Según el artículo noveno de la Orden PRE/140/2005, de 2
de febrero, una vez que el empresario haya tramitado la regularización
del inmigrante y haya recibido la resolución favorable del expediente
de éste, dispone de un mes para darlo de alta en la Seguridad
Social. El mismo plazo rige para los extranjeros que pretenden trabajar parcialmente
y de forma simultánea para varios patronos en el servicio doméstico,
los cuales tramitan su propio expediente.
2. Desarrollo
En cuanto el empresario haya dado de alta al inmigrante en la Seguridad
Social y se hayan abonado las correspondientes tasas, 187,02 euros, empezará
el periodo de vigencia del permiso de residencia y de trabajo del extranjero,
que recordemos, será de un año. El inmigrante deberá solicitar,
entonces, su tarjeta de identidad dentro del mes posterior a esa entrada en
vigor.
En el caso de que no se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social
durante el mes siguiente a la resolución de su expediente, la autorización
para residir y trabajar en España quedará sin efecto.
Los empresarios que incumplan el compromiso adquirido serán citados por
el Ministerio de Trabajo para que justifiquen su ruptura. En caso de que sus
explicaciones no resulten satisfactorias, serán inhabilitados para tramitar
futuras autorizaciones de inmigrantes y se convertirán en objetivo de
la Inspección de Trabajo.
Según el cruce del padrón municipal con los resultados del proceso
de normalización de inmigrantes muestra que la media nacional de solicitudes
de regularización ha alcanzado al 85,08% de los sin papeles empadronados
y en edad de trabajar. El cotejo de esos datos provincia a provincia revela
que en 18 de ellas las solicitudes de regularización no han alcanzado
el 70% de los empadronados, lo que supone 15 puntos menos que la media nacional.
Estas provincias, a cuya cabeza figura Ceuta serán el objetivo prioritario
de la Inspección de Trabajo.