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Novedades Legislativas Ref.427007 (01/10/2008)

Nueva  responsabilidad subsidiaria en el régimen del IVA

1- La entrada en vigor de la Ley 26/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal

La entrada en vigor de la Ley 26/2006 de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de 29 de Noviembre, conllevó entre otros aspectos una modificación parcial de la Ley 37/1992, de 28 de Diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA, en adelante). Con ello se pretende dar respuesta a uno de los objetivos perseguidos por el gobierno, como lo es fortalecer el control tributario y prevenir el fraude fiscal.

Uno de los aspectos introducidos en la LIVA hace referencia a la  posible responsabilidad subsidiaria de los destinatarios de cuotas tributarias  no repercutidas debidamente por el sujeto pasivo de las mismas, siempre que se reúnan los condicionantes que a continuación se exponen.

2- Análisis del artículo 87.5 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido

La responsabilidad subsidiaria a que se hace mención se encuentra regulada en el quinto apartado del articulo 87 de la LIVA. En él, se señala a los empresarios y profesionales destinatarios de operaciones gravadas por el impuesto, como posibles responsables subsidiarios de la cuota tributaria originada, en aquellos casos donde debió presumirse una deficiente repercusión de la misma por parte del sujeto pasivo emisor. Dicho de otra forma, los destinatarios del impuesto podrán responder también por los fraudes realizados por terceros, siempre y cuando hubiesen podido presumir el citado fraude a causa de la adquisición o entrega de bienes que les une en el marco de una relación comercial o profesional.

Al hablar de fraude o deficiente repercusión del impuesto por parte del sujeto pasivo, nos referimos a los casos donde el impuesto repercutido o que debió repercutirse no ha sido objeto de declaración e ingreso por parte del empresario o profesional obligado al efecto. En consonancia, se entenderá razonablemente presumible, por parte del empresario o profesional afectado, cuando el mismo hubiese satisfecho un precio notoriamente anómalo en la adquisición o entrega de bienes. Ahora bien, que se entiende por precio notoriamente anómalo? El propio precepto dispone que se entenderá notoriamente anómalo todo precio,

  1. Que sea sensiblemente inferior al correspondiente a los bienes de la operación, teniendo en cuenta el satisfecho anteriormente en adquisiciones de bienes idénticos.
  2. Que sea sensiblemente inferior al precio de adquisición de dichos bienes por quien ha efectuado su entrega.

No se trata de requisitos cumulativos, sino que basta con cumplir una de las anteriores afirmaciones para calificar el precio de una adquisición o entrega de bienes como notoriamente anómalo.

A pesar de ello, esta calificación correrá a cargo de la Administración Tributaria en última instancia, mediante la valoración de otras operaciones del mismo sector económico con las que exista identidad de razón, a fin y efecto de determinar el valor normal de mercado del bien entregado. Una vez probada la necesidad de declarar e ingresar la cantidad repercutida o que hubiera debido repercutirse, podrá reclamarse la responsabilidad conforme lo dispuesto en el artículo 41.5 de la Ley 58/2003, de la Ley General Tributaria. Es decir, se peticionará el adeudo tributario al deudor principal (sujeto pasivo) y a cuantos otros responsables solidarios existieran, derivándose la responsabilidad en carácter subsidiario para el destinatario de la operación cuando los primeros hubiesen sido declarados en fallida.

Así pues, podemos concluir que la inclusión de esta nueva medida responde a la voluntad del legislador de inmiscuir a los destinatarios de determinadas  operaciones presuntamente fraudulentas, en la lucha contra la defraudación fiscal. Apercibiéndoles que en caso de no adoptar una posición activa en el tráfico se les considerará cómplices y, por tanto, responsables indirectos en la merma de los ingresos públicos siempre y cuando haya sido probado conforme derecho.

 

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