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Las cláusulas abusivas en los contratos

Las cláusulas abusivas son aquellas estipulaciones contractuales, impuestas por una sola parte, que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que, en contra de la buena fe, causan, en perjuicio del consumidor, un desequilibro importante en los derechos y obligaciones de las partes contratantes. El concepto de cláusula abusiva viene definido en el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1998, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en el artículo 82 del T.R. de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 16 de noviembre de 2007.

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.

En todo caso, son abusivas las cláusulas que:

    A) Vinculen el contrato a la voluntad del empresario, como por ejemplo:

    • Las cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor y usuario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida.

    • Las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada, si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo.

    • Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato.

    • Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable.

    • Las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y usuario al contrato, aun cuando el empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones.

    • Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.

    B) Limiten los derechos del consumidor y usuario, como por ejemplo:

    • La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor y usuario, por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario.

    • La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél.

    • La liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de éste.

    • La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de compensación de créditos, retención o consignación.

    C) Determinen la falta de reciprocidad en el contrato, como por ejemplo:

    • Imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiera cumplido los suyos.

    • La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario.

    • La autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad.

    • La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas, cuando sea él mismo quien resuelva el contrato.

    D) Resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, como ejemplo:

    • La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables.

    • La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas:

      • La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su división y cancelación).

      • La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación.

      • La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario.

    E) Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. Por ejemplo:

    • Sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un supuesto específico.

    • La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación o a aquél en que se encuentre el bien, si éste fuera inmueble.

Las cláusulas incluidas en un contrato, que tengan la consideración de cláusulas abusivas, son nulas, se tendrán por no puestas y no producirán efecto alguno. Esto no obstante, el resto del contrato seguirá siendo obligatorio para las partes contratantes, siempre que pueda subsistir sin las cláusulas declaradas abusivas. En cuanto a la actuación de los distintos operadores jurídicos en relación con estas cláusulas, hay que tener en cuenta que la declaración de abusividad de una cláusula contractual sólo puede hacerla el Juez, a quien corresponde valorar las circunstancias de hecho concurrentes en el caso concreto. La actuación del notario se limita, por un lado, a asesorar e informar sobre el posible carácter abusivo de una cláusula y, por otro, a denegar la autorización de aquellas escrituras que contengan cláusulas incluidas dentro de la llamada lista negra de cláusulas abusivas, o que hayan sido declaradas nulas, por ser abusivas, en virtud de sentencia judicial firme inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación.

Revista jurídica y financiera Ref.726027 (22/10/2016)
 

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