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Economía social: nueva ley de sociedades laborales y participadas

A finales de 2015 entró en vigor la Ley 44/2015, de sociedades laborales y participadas. Un nuevo marco normativo que pretende dar un impulso a esta forma de economía social.

Las sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que al menos la mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido.

  • Que ninguno de los socios sea titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social. Inicialmente puede constituirse con dos socios al 50%, pero debe regularizarse esta situación en un plazo máximo de 36 meses.

La participación podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del capital social, si los socios son entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de la economía social.

Como característica en el ámbito laboral, tenemos que el número de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido, que no sean socios, no sea superior al cuarenta y nueve por ciento del cómputo global de horas al año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores. No computará para el cálculo de este límite el trabajo realizado por los trabajadores con discapacidad de cualquier clase en grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

La calificación de Sociedad Laboral se otorgará previa solicitud de la sociedad a la Administración Estatal y también Autonómica.

El capital social estará dividido en acciones nominativas o en participaciones sociales.

Las acciones y participaciones de las sociedades laborales se dividirán en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se denominará "clase laboral" y la segunda "clase general". La sociedad laboral podrá ser titular de acciones y participaciones de ambas clases.

Las sociedades que sean calificadas como laborales gozarán, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de una bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, por la adquisición, por cualquier medio admitido en Derecho, de bienes y derechos provenientes de la empresa de la que proceda la mayoría de los socios trabajadores de la sociedad laboral.

Y el artículo 11.2.a, del Impuesto sobre Sociedades, señala que podrán amortizarse libremente los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las sociedades anónimas laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos a la realización de sus actividades, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación como tales.

Además de las reservas legales o estatutarias que procedan, las sociedades laborales están obligadas a constituir una reserva especial que se dotará con el diez por ciento del beneficio líquido de cada ejercicio, hasta que alcance al menos una cifra superior al doble del capital social.

La reserva especial solo podrá destinarse por la sociedad laboral a la compensación de pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin, y/o a la adquisición de sus propias acciones o participaciones sociales, que deberán ser enajenadas a favor de los trabajadores de la sociedad con contrato por tiempo indefinido.

Las sociedades laborales gozan periódicamente de subvenciones específicas como, por ejemplo, la ayuda directa para la incorporación de los socios trabajadores provenientes del desempleo, o bien para incentivar acciones de actualización TIC, entre otras.

Revista jurídica y financiera Ref.724021 (22/09/2016)
 

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