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¿Amnistía fiscal?

1- Introducción

El Real Decreto-ley 12/2012 establece que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, titulares de capitales en el extranjero y dinero negro en España no declarados, podrán regularizar su situación pagando a Hacienda el 10% de los citados bienes y derechos.

2- Configuración de la “Amnistía Fiscal”

De acuerdo con el comunicado emitido por el ejecutivo, se implanta un gravamen especial de atracción de rentas no declaradas que permitirá una regularización extraordinaria de capitales, previo pago de un gravamen complementario de un 10% del importe de los bienes y derechos aflorados. Los contribuyentes deberán presentar una declaración de carácter confidencial para regularizar la situación tributaria. El plazo de presentación expira el 30 de noviembre de 2012.

Esta medida se refuerza modificando la Ley General Tributaria, de tal modo que se exonera de Responsabilidad Penal a aquel contribuyente que haya presentado la regularización voluntaria antes de que se hayan iniciado actuaciones de comprobación. Si la Administración Tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación, ha regularizado su situación tributaria, no es preciso pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, prosiguiendo con el procedimiento administrativo.

3- ¿Una medida inconstitucional?

El Partido Socialista ya ha anunciado que recurrirá esta medida introducida por el ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional, alegando que la amnistía fiscal supone una vulneración del artículo 14 de la Constitución que recoge el principio de igualdad ante la Ley. La oposición basa su disconformidad con la medida alegando que no se ajusta a los principios constitucionales de nuestro Estado ya que supone que los españoles que quieran regularizar su dinero opaco pagarán menos a Hacienda que aquellos que han cumplido con sus obligaciones tributarias.

4- Conclusiones

Con esta medida, el Gobierno pretende aflorar 25.000 millones de euros defraudados a Hacienda. Es preciso destacar que, así, nace una buena ocasión para regularizar aquellos capitales no declarados, especialmente en Suiza. En caso de que España suscriba el acuerdo Rubik con Suiza, los españoles que posean cuentas en la Confederación Helvética soportarán una carga tributaria superior a la prevista por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno.

El Gobierno ha afirmado que, a partir de noviembre, fecha en que finaliza el plazo de presentación de la declaración confidencial, se establecerá un severo régimen sancionador para aquellos que no hayan regularizado su situación tributaria.

Revista jurídica y financiera Ref.686802 (14/05/2012)
 

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