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Boletín Económico Financiero Ref.427150 (01/11/2008)

Administración de los bienes de los hijos

1- ¿Quién ostenta la facultad de gestionar el patrimonio del menor?

Se parte de la base que la patria potestad se atribuye a la madre y al padre en igualdad de condiciones. Lo que significa que tendrá que concurrir el consentimiento de ambos progenitores para llevar a cabo actos de representación y disposición de los bienes del menor no emancipado. Éstos tienen la facultad de organizar y ordenar los bienes de una determinada persona.

En este caso, los del menor. Discrepa la doctrina sobre la naturaleza mancomunada o solidaria de tal ejercicio conjunto. Aunque algunos opinan que es solidaria e indistinta, la mayoría está de acuerdo en que es de naturaleza mancomunada, sobre todo por el tenor literal del precepto: “se ejercerá conjuntamente”.

A pesar de esta actuación mancomunada, los progenitores pueden actuar de forma individual en los siguientes casos:

• Los actos realizados conforme al uso social y a las circunstancias.

• Los actos en situación de urgente necesidad. Cuando se presenten situaciones que no admitan demora sin grave perjuicio para el menor y, consecuentemente, no pueda recabarse el consentimiento del otro.

En ambos supuestos, las personas legitimadas podrán impugnar la actuación llevada a cabo por el otro progenitor bien porque no existió conformación al uso social y a las circunstancias o bien basándose en la falta de urgencia.

2-Bienes objeto de administración

Los padres pueden gestionar todos los bienes del patrimonio del menor excepto los que señala el art.164.2 C.C. que son los siguientes:

• Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa (por ejemplo, puede el donante o el testador prohibir a uno de los padres o ambos que administren los bienes transmitidos).

• Los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un Administrador judicial especialmente nombrado.

• Los que el hijo mayor de 16 años hubiera adquirido con su trabajo e industria.

• Los bienes sujetos a administrador judicialmente designado cuando la actuación de los padres haya comportado peligro para el patrimonio del hijo.

3-Gestión de los bienes del menor

Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria. Cuando la administración de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición de éste, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las providencias que estime necesarias para la seguridad de los bienes: exigir caución o fianza para la continuación de la administración o incluso nombrar un administrador.

El procedimiento para adoptar las medidas será el de Jurisdicción Voluntaria. En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos. Por último, los padres no cobran por administrar el patrimonio del hijo, pero la ley les permite resarcirse de los cargos que han realizado durante la administración.

4-Disposición de los bienes del menor

En principio, los padres, en su condición de representantes y administradores de los bienes de sus hijos no emancipados, pueden realizar actos dispositivos sobre los mismos. Sin embargo, el ejercicio inmoderado de sus facultades dispositivas podría suponer un grave e irreparable perjuicio para los intereses patrimoniales del menor; consecuentemente, se establece, a modo de control a su actuación, el requisito de la autorización judicial previa con audiencia del Ministerio Fiscal para determinados actos.

La autorización judicial ha de ser previa, por causa justificada de utilidad o necesidad, con audiencia del Ministerio Fiscal y para acto concreto. Asimismo, ha de concederla el Juez del domicilio, con sujeción a las normas de la jurisdicción voluntaria, con audiencia del hijo si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años.

En la solicitud ha de expresarse el motivo de la enajenación, gravamen, renuncia, repudiación o no aceptación, y se ha de justificar su necesidad o utilidad. Los actos para los cuales se requerirá dicha autorización judicial son los siguientes:

a) Renuncia de derechos de que los hijos sean titulares. Esta norma no alcanza a la renuncia onerosa o por precio, que más bien se encuadraría entre los actos de enajenación o gravamen a que se refiere el mismo art. 166.1 C.C.; pero sí comprendería no sólo la renuncia extintiva, sino también, por identidad de razón, los actos a título gratuito (donaciones, etc.) Estos actos no están absolutamente prohibidos sino que caben con autorización judicial previa.

b) Actos de enajenación y gravamen a título oneroso que tengan por objeto bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones. A contrario, los actos de enajenación o gravamen que no recaigan sobre estos bienes no exigen autorización judicial previa. Por establecimientos mercantiles o industriales hay que entender tanto la empresa en su conjunto como los elementos esenciales de la misma. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo.

c) Repudiación de herencias y legados y no aceptación de donaciones. En estos supuestos no hay renuncia ya que los bienes o derechos no han ingresado en el patrimonio del hijo. Los padres deben someter a la autoridad judicial la repudiación, que puede estar justificada por el carácter dañoso de la herencia. Si el Juez deniega la autorización, se entiende automáticamente aceptado el legado, herencia o donación, de manera que el Juez actúa como representante del hijo. La aceptación de la herencia se entenderá hecha a beneficio de inventario. La necesidad de autorización judicial previa que acaba de exponerse no es necesaria en los dos siguientes supuestos:

• Si el menor hubiese cumplido 16 años y consintiere en documento público;

• Para la enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros.

5-Rendición de cuentas

Al acabar el ejercicio de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes. Están legitimados para exigir la rendición de cuentas el hijo, sus herederos o el nuevo administrador; y pasivamente legitimados los padres (o uno de ellos) o el administrador.

La acción para exigir el cumplimiento de la obligación de rendir cuentas prescribe a los tres años a contar desde el día en que cesaron en sus cargos los que deben rendirlas.

 

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