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Aula de estudio: Curso Superior de Tributación

Módulo 2: Gestión, Inspección, procedimientos tributarios: infracciones y sanciones.
U.D. 18: Revisión de los actos en vía administrativa (II): reclamaciones económico-administrativas (I).
Sección:

RESUMEN

Las reclamaciones económico-administrativas versan sobre las siguientes materias:

    1. La aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

    2. La aplicación de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas o de los recargos establecidos por éstas sobre tributos del Estado y la imposición de sanciones que se deriven de unos y otros.

    3. Cualquier otra que se establezca por precepto legal expreso.

Los órganos competentes para conocer y resolver son:

    - El Tribunal Económico-Administrativo Central.

    - Los tribunales económico-administrativos regionales y locales.

La competencia de estos órganos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la sumisión de los interesados.

Podrán promover las reclamaciones económico administrativas:

    - Los obligados tributarios y los sujetos infractores.

    - Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la actuación tributaria.

En el procedimiento económico-administrativo podrán comparecer todas estas personas que hemos mencionado y que están legitimadas. Los interesados podrán actuar por sí mismos o por medio de representante.

La reclamación económico-administrativa será admisible contra los actos que provisional o definitivamente reconozcan o declaren una obligación o denieguen un derecho y los de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o pongan término al procedimiento tributario.

En el primer escrito que se presenta en cada reclamación económico-administrativa habrá de expresarse necesariamente el domicilio para las notificaciones. Los actos deberán ser motivados.

El procedimiento de tramitación de las reclamaciones económico-administrativas se impulsará de oficio.

 

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