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Boletín Económico Financiero Ref.319585 (01/01/2005)

Reserva de puestos para minusvalidos

1. Introducción

Existe la obligación para las empresas cuya plantilla de trabajadores ascienda a 50 ó más trabajadores de reservar una cuota del 2% a favor de trabajadores discapacitados.

A continuación explicaremos como se debe de computar la plantilla para este cálculo y las medidas de excepcionalidad al respecto.

2. Desarrollo

El Art. 38.1, obliga a las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 ó más trabajadores a, que al menos, el 2% sean trabajadores minusválidos.

¿Cómo se debe computar la plantilla? Tendremos en cuenta:

- Un periodo de referencia para el cálculo: promedio de los trabajadores, en los 12 meses inmediatamente anteriores. Se considerará la totalidad de centros de trabajo de la empresa.
   
- Que los trabajadores con contrato de duración determinada superior a 1 año se computarán como fijos.
   
- Que los trabajadores con contrato de hasta 1 año, se computarán según el número de días realmente trabajados incluyendo descansos semanales, festivos y vacaciones del periodo de referencia. Cada 200 días o fracción se computará un trabajador más. Cuando el cociente que resulte de dividir por 200 el número de días trabajados en el periodo de referencia sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta, como máximo, al total de dichos trabajadores.
   
- Son computables a efectos del cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo, los trabajadores a los que se les hubiese reconocido una incapacidad, reincorporados a la empresa.
   
Concepto de excepcionalidad. Existen medidas de excepcionalidad para esta obligación. Se entenderá que concurre la nota de excepcionalidad a la que alude el Real Decreto 27/2000:
 
1. Cuando la no-incorporación de un trabajador minusválido a la empresa obligada, se deba a la imposibilidad de que los Servicios Públicos de Empleo competentes, o las Agencias de Colocación, puedan atender la oferta de empleo después de haber efectuado todas las gestiones de intermediación necesarias para dar respuesta a los requerimientos de la misma y concluirla con resultado negativo, por la no-existencia de demandantes de empleo discapacitados inscritos en la ocupación indicada en la oferta de empleo o aun existiendo, cuando acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas en la misma. A tal efecto, el Servicio de Empleo Público competente, emitirá el certificado acreditativo de tal situación.
   
2. Cuando se acrediten por la empresa obligada según el procedimiento regulado en esta orden, cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico, o económico que motiven especial dificultad para incorporar trabajadores discapacitados a la plantilla de la empresa y se resuelva por el Servicio de Empleo Público competente sobre la efectiva concurrencia de las causas alegadas.
   
  El procedimiento será:
   
  La empresa presentará ante el Instituto Nacional de Empleo o los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas una oferta de empleo con mención expresa del número de puestos de trabajo a cubrir con trabajadores discapacitados y las ocupaciones requeridas.
     
  A tales efectos, los Servicios Públicos de Empleo emitirán, en el plazo de los dos meses siguientes a la recepción de la oferta, certificación sobre la inexistencia total o parcial de demandantes de empleo, con mención expresa de las ocupaciones solicitadas.
     
  Cuando la oferta se hubiera presentado ante una Agencia de Colocación debidamente autorizada, el resultado negativo de su sondeo de demandantes de empleo minusválidos se remitirá por ésta en el plazo de quince días al Servicio Público de Empleo competente que, previas las actuaciones de comprobación que se estimen pertinentes, y una vez comprobada la inexistencia de demandantes de empleo discapacitados para las ocupaciones solicitadas emitirá el certificado final, respetando también en este caso el plazo de dos meses.
     
  En ambos casos, transcurrido el plazo de los dos meses sin que el Servicio Público de Empleo competente emita la referida certificación, se entenderá que concurre la causa de excepcionalidad que justifica la adopción de las medidas sustitutorias.
     
  La certificación a la que se hace referencia en este artículo tendrá una validez de dos años desde su expedición.

La validez de la certificación procederá extenderse hasta un máximo de tres años en función de circunstancias tales como la naturaleza de la actividad de la empresa.
     
  Medidas de excepcionalidad. Estas pueden ser totales o parciales
   
  Totales: Por la imposibilidad de los servicios de empleo públicos, o las agencias privadas de colocación de atender a la oferta de empleo, por la no-existencia de demandantes de empleo discapacitados, o aun existiendo, estos trabajadores acrediten no estar interesados en las condiciones ofrecidas en la demanda de empleo.
   
  Los organismos certificarán en el plazo de dos meses desde la recepción de la oferta, certificación sobre la inexistencia de demandantes de empleo con la mención expresa de las ocupaciones solicitadas. Si transcurrido dicho plazo no se emite certificación, se entenderá que concurre igualmente causa de excepcionalidad.

Esta imposibilidad de contratación liberará a la empresa durante dos años, pudiéndose extender a 3 años en determinados supuestos de la contratación del 2% de trabajadores minusválidos.

Otros supuestos de excepcionalidad total no contemplados en el anterior apartado:

En virtud del convenio colectivo de aplicación o, en ausencia del mismo, por opción voluntaria del empresario, comunicando al servicio público de empleo entre otras cuestiones las peculiaridades de carácter productivo, organizativo, técnico, económico, etc.

El servicio público de empleo resolverá en el plazo de tres meses, teniendo validez de dos a tres años.
   
  Parciales: Por realizar las siguientes medidas alternativas:
   
  1. Realizar un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo, o con un trabajador autónomo discapacitado para uno de los siguientes supuestos:
     
    O suministro de materias primas, maquinarias, bienes de equipo, de cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad empresarial.
       
    O la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
       
    El importe anual de los contratos mercantiles o civiles con centros especiales de empleo habrán de ser, al menos, 3 veces el S.M.I anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.

Se deberá de comunicar al correspondiente servicio de empleo las contrataciones realizadas en sustitución de la obligación principal en el plazo del mes siguiente al de la formalización. Debiendo hacer constar expresión del contratista, objeto del contrato, número de trabajadores minusválidos a la que equivale la contratación, e importe y duración de la misma.
     
  2. Realizar donaciones y acciones de patrocinio monetarios a fundaciones y asociaciones de utilidad pública cuyo objeto social sea la formación profesional, inserción laboral y creación de empleo para minusválidos.
     
    El importe anual habrá de ser, al menos, 1,5 veces el S.M.I anual por cada trabajador minusválido dejado de contratar por debajo de la cuota del 2%.
     
    Se deberá comunicar al servicio público de empleo con carácter previo a su aplicación, debiendo hacer constar la fundación o asociación de utilidad pública destinataria, número de contratos con trabajadores minusválidos a los que sustituye, e importe de la misma.
     
  Incumplimiento de la obligación

El incumplimiento de la obligación de reserva de puestos de trabajo para minusválidos se considera falta grave, sancionable con multa de 300,52 a 3005,56 euros.
 

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