Presentacion de presupuestos en materia laboral

Según publica el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

La secretaría general de empleo destacará como líneas prioritarias:

1. Las políticas activas de empleo: se incrementarán en un 4,2%. El reparto del presupuesto de políticas activas es el siguiente:

- Para fomento y gestión del empleo se destinan 3156,3 millones de euros, que representan un aumento del 4,9% sobre 2002. Se persigue mejorar la capacidad de inserción profesional de los demandantes de empleo no ocupados .

- Para formación profesional ocupacional se dedican 1646,1 millones de euros, que supone un incremento del 4,4% sobre 2002, se destinarán a la formación de desempleados y continua de trabajadores ocupados.

- Se mantiene la dotación para escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo cuyo presupuesto se mantiene en 488,9 millones de euros. Se estima que participarán 23.500 trabajadores.

2. La protección por desempleo: crece un 19,6% en relación con el año anterior y se sitúa en 10.507,3 millones de euros, de los cuales 10.206,8 millones se emplearán para pagar prestaciones y 300,5 millones a la renta activa de inserción.

3. La modernización de los servicios públicos de empleo: se incorporarán nuevos efectivos que se encargarán de llevar a cabo tutorías individualizadas a los desempleados, que culminen con la búsqueda de puestos de trabajo.

Se incorporarán nuevas tecnologías de la información, que mantendrá conectadas todas las áreas de los servicios públicos de empleo, mediante un sistema integrado informático que evitará la fragmentación del mercado laboral.

La secretaría general de asuntos sociales incrementará los porcentajes respecto al año anterior en:

 

La Seguridad Social presenta superávit financiero, el cual representa el 0,5 % del PIB (producto interior bruto).

El presupuesto se presenta equilibrado en sus gastos e ingresos, con un crecimiento del 6,7% con respecto al año anterior; y tiene como finalidad principal consolidar y potenciar los niveles de bienestar social alcanzados en el marco de unas cuentas saneadas y estables.

Se incrementa el fondo de reserva de las pensiones, gracias al superávit previsto, con más de 6000 millones de euros.

Aumenta casi un 100% la aportación del Estado para complementos a mínimos de tipo contributivo y no contributivas a cargo del Estado, incrementándose un 97,9 %.

Respecto a la cifra de afiliados que la Seguridad Social prevé, se cifra en torno a 16,3 millones de trabajadores, representando un 1,8% sobre los afiliados previstos para finales de 2002.

La distribución del presupuesto es la siguiente: (gastos)

• Prestaciones económicas:
• Pensiones:
• Incapacidad temporal:
• Maternidad y riesgo durante el embarazo:
• Prestaciones familiares: se incrementa un 5,3%.
• Asistencia sanitaria:
• Servicios Sociales:
• Tesorería e informática:

Se espera ingresar en el ejercicio 2003:

Cotizaciones sociales: se prevé ingresar un 6,7% más que en 2002, como consecuencia del crecimiento del empleo, los incrementos salariales, la mejora en los procesos de recaudación y los avances en el control informático de la morosidad.

Las bases máximas de cotización crecen un 3% con la finalidad de aproximar su crecimiento a la evolución real de los precios y reducir, en parte, las diferencias entre su incremento anual según el IPC previsto y las desviaciones de la inflación en los últimos ejercicios.

Las bases mínimas del Régimen General y asimilados, así como las de los Regímenes Especiales de Autónomos, Agrario y Hogar aumentan en igual porcentaje que el SMI.

Recaudación en vía voluntaria: la disminución de la morosidad ha sido posible en gran medida por las mejoras aplicadas en el procedimiento recaudatorio y los avances en el control informático de las deudas pendientes. Gracias a ello, se continúa progresando en línea con los criterios contables de la Unión Europea que defienden el acercamiento de los principios de caja y devengo.

Transferencias del Estado: supone un incremento del 71% de disminución con respecto al ejercicio anterior. Esta reducción deriva de la exclusión del presupuesto de gastos de la Seguridad Social de la asistencia sanitaria del INSALUD transferida a las comunidades autónomas. La partida más importante se destina a financiar las prestaciones no contributivas del sistema y los complementos para mínimos.