Medidas del gobierno para estimular y reforzar el tejido empresarial

1- Introducción

El estallido de la crisis financiera internacional a mediados del año 2007, con las ya reiteradas hipotecas “subprime”, y la consecuente restricción progresiva del crédito a lo largo de 2008, ha conllevado la intervención concertada del estado en el sector económico. Las acciones llevadas a cabo hasta el momento, así como aquéllas previstas para su aplicación en los próximos meses, van destinadas principalmente a estimular y mejorar las ratios de solvencia y circulante que presentan las pequeñas y medianas empresas. Se engloban en el denominado Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) formando en su conjunto un auténtico y variado compendio.

2- Medidas canalizadas por el Instituto de Crédito Oficial

El Instituto de Crédito Oficial (ICO, en adelante) es el organismo a través del cual el estado canaliza sus operaciones de financiación, caracterizadas por la concesión de créditos blandos, es decir, con un interés bajo o nulo. No posee una red de oficinas comerciales y, en su razón, son las entidades de crédito colaboradoras quienes ponen a disposición del público los créditos ofrecidos por aquél.

En este sentido, se han abierto distintas líneas de crédito para mejorar la liquidez de los autónomos (ICO-liquidez autónomos), de las pequeñas y medianas empresas (ICO-liquidez PYMES), del sector manufacturero tradicional (con especial referencia a la industria textil), así como financiar la construcción de buques en beneficio de los astilleros privados (ICO-PYMAR). También existen programas específicos de financiación destinados a apoyar las inversiones productivas de las empresas (ICO-PROINMED), y programas de financiación indirecta, como la línea ICO-moratoria, cuyo objetivo es permitir a las PYMES aplazar la amortización de préstamos concedidos con anterioridad por el propio ICO.

Por otro lado, con el lanzamiento de una línea de avales-ICO frente a las cantidades que los municipios adeudan a empresas y autónomos, se ha hecho realidad uno de los reclamos más deseados y pronunciados en los foros empresariales. De esta forma, las entidades que contraten con el sector público podrán descontar sus efectos comerciales ante las entidades de crédito contra cesión del crédito.

3- Medidas indirectas de carácter fiscal y social

La carga fiscal constituye uno de los ejes a tener en cuenta en la reducción de costes de cualquier empresa. Por este motivo, el ejecutivo ha implantado una serie de medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre ellas podemos destacar el sistema de devolución mensual del IVA, el cual permitirá a las empresas solicitar la devolución mensual del IVA que les corresponda, sin tener que esperar a que finalice el periodo. Se presume que en 2009 el conjunto de devoluciones anticipadas llegará a los 6.000 millones de euros.

Otro de los aspectos abordados ha sido el aplazamiento y fraccionamiento tanto de deudas tributarias como de cotizaciones a la seguridad social, siempre y cuando en este último caso, las empresas se comprometan a mantener el empleo. La obligación de prestar aval por aplazamiento o fraccionamiento de deuda tributaria será obligatorio para importes superiores a 18.000 € en detrimento del anterior límite, fijado en los 6.000€.

En relación al Impuesto sobre sociedades podemos destacar el nuevo régimen de pagos fraccionados y, la libertad de amortización por adquisición de activos nuevos afectos a la actividad económica.

4- Miscelánea

El ejecutivo español ha utilizado todos los medios y recursos que están a su alcance para materializar su proyecto de impulso económico. Muestra de ello es la modificación habida en la mismísima ley de presupuestos del estado de 2009, consistente en una rebaja del tipo de interés legal (del 5,5 al 4%) e interés de demora (del 7 al 5%).

En última instancia, también se ha querido incidir en el campo de los seguros mediante el reaseguramiento, por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, de los  riesgos asumidos por las entidades de seguro privado en su actividad de  contratación de seguros de crédito y caución.

En definitiva, se desprende de lo expuesto que el ejecutivo español, junto con el poder legislativo, no ha escatimado recursos en su lucha para paliar los efectos negativos de la crisis financiera y consecuente congelación del mercado crediticio, abordando en su estrategia los ejes de mayor trascendencia económica para las empresas, tanto de forma directa como indirecta.