Los "coeficientes de abatimiento" se quedan sin cobertura legal
Las repercusiones a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de julio
no se han hecho esperar. La Sentencia ha desmontado la base legal que sustentaba
uno de los regímenes fiscales más polémicos: los denominados
"coeficientes reductores".
Este sistema legal se creó en 1991, y ha de enmarcarse dentro de
las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno socialista de la época.
El régimen de coeficientes reductores suponía que la posible
plusvalía a pagar se fuera reduciendo progresivamente con el paso de
los años. Una vez transcurridos determinado numero de años (4
años para las acciones, 7 años para los fondos y 10 años
para los inmuebles) la plusvalía generada con la venta quedaba totalmente
libre del IRPF.
A pesar de que ya en 1996, el Gobierno Popular aprobó un mecanismo
fiscal como régimen transitorio, los fondos de inversión, acciones,
e inmuebles adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994 mantenían
el esquema anterior, y sin límites, para todas las plusvalías
que generasen.
Con la Sentencia del Tribunal Constitucional, se anula ese decreto que aprobó
el Gobierno Popular en 1996, y como consecuencia de ello, se anula todo el
soporte legal que sustentaba este régimen fiscal.
Pese a algunas informaciones que consideran que como consecuencia de esta
Sentencia no será posible la aplicación de los llamados "coeficientes
de abatimiento" porque se declara la inconstitucionalidad del RD-Ley
7/1996, lo más probable es que sus consecuencias prácticas se
reserven a supuestos concretos correspondientes a ejercicios anteriores a
1999, al haberse subsanado los vicios de la norma declarada inconstitucional
con la publicación de la Ley 40/1998.
Sin embargo, la tributación de las plusvalías si se podrá
ver afectada con las modificaciones que se produzcan en el IRPF, y que acaben
por suprimir el régimen transitorio. A partir de ahora será
el Ministerio de Hacienda quién deberá posicionarse aclarando
si da por muerto el régimen transitorio o si, por el contrario, le
da un nuevo respaldo normativo.