CUIDAR A UN FAMILIAR DEPENDIENTE PUEDE SUPONERLE 1.014 EUROS MENSUALES
1.- Cuantía asignada por persona dependiente
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el resto de Administraciones
Públicas destinarán este año 1.014 euros nuevos mensuales
por persona dependiente para atender a los beneficiarios con gran dependencia.
De este modo, el Gobierno y las CC.AA. aportarán 507 euros adicionales
al mes por persona con gran dependencia.
El Ministro de Trabajo propondrá a las Comunidades Autónomas
que la prestación a los cuidadores familiares de las personas dependientes
sea de hasta 561 euros mensuales. Esta medida forma parte del desarrollo reglamentario
de la Ley de Dependencia y será debatida próximamente en el Consejo
Territorial de la Dependencia.
Así, los familiares que cuidan a las personas mayores y a las personas
con discapacidad que no se pueden valer por sí mismas recibirán
una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste
de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación
(74 euros), que corren a cargo del Estado.

Cuadro comparativo con
otras prestaciones sociales

Además de la prestación, al tener que darse de alta en la Seguridad
Social, los beneficiarios tendrán derecho a poder recibir la pensión
correspondiente.
La cuantía definitiva que percibirá el cuidador familiar estará
determinada por el grado y nivel de dependencia del beneficiario.
El Gobierno y las Comunidades Autónomas cofinanciarán esta prestación,
tal y como establece el texto de la Ley de Dependencia, aprobada por una amplia
mayoría en las Cortes.
Esta medida será debatida en los próximos días por el Consejo
Territorial de la Dependencia.
2-Fondo extraordinario de inversiones en dependencia
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha habilitado un fondo extraordinario
de inversión de 100 millones de euros para el desarrollo de la red pública
del Sistema de Dependencia.
Este fondo se dedicará a la construcción de centros de día
y residencias.
3.-Implantación de la ley de Dependencia
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) fue aprobada
por una amplia mayoría en las Cortes y entró en vigor el pasado
1 de enero.
La ley establece un nuevo derecho de ciudadanía en España: el
derecho de las personas mayores y de las personas con discapacidad que no se
pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos,
y crea el Sistema de Dependencia.
A través del sistema, las personas dependientes tendrán garantizado
el acceso a los servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día,
teleasistencia, plazas residenciales) y prestaciones económicas (para
el cuidador familiar o para el asistente personal) que necesiten.
La ley establece un plazo máximo de tres meses desde la constitución
del Consejo Territorial de la Dependencia (finales de enero) para definir el
desarrollo reglamentario (baremo, intensidad de servicios y prestaciones, régimen
de la seguridad social de los cuidadores). En la actualidad, el Gobierno y las
Comunidades Autónomas ya han acordado el baremo con el que se evaluará
a los ciudadanos para evaluar su grado y nivel de dependencia.
Así, en las próximas semanas, los ciudadanos podrán solicitar
ya una evaluación en los servicios sociales de sus Comunidades Autónomas
para determinar su grado y nivel de dependencia y las prestaciones a las que
tienen derecho. En 2007, según la ley, tendrán acceso a la atención
las personas con gran dependencia y, paulatinamente hasta 2015, se irán
incorporando al sistema las personas con dependencias severas y moderadas.
Para financiar la puesta en marcha del Sistema de Dependencia, el Gobierno
y las Comunidades Autónomas destinarán cerca de 26.000 millones
de euros adicionales hasta 2015 (más de 800 en 2007).